Suspensión de las matrículas durante la pandemia Covid-19

Autor: María Laura Blanco Peña

El 14 de mayo pasado el Boletín Oficial publicó la resolución del Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF) que suspende todas las matrículas que no hayan pagado los últimos 3 períodos quedando INHABILITADOS para el ejercicio profesional más de 3000 abogados listados en un anexo de 40 hojas.-

Suspensión de las matrículas durante la pandemia Covid19

Por Maria Laura Blanco Peña

El CPACF, en plena vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el gobierno nacional mediante DNU 297/20 -y prórrogas posteriores-, y transcurriendo la Acordada N° 6 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) del 20 de marzo pasado -y siguientes prórrogas- que estableció la Feria Extraordinaria del Poder Judicial de la Nación, dispuso la INHABILITACION DE 3000 matriculados por aplicación del artículo 53 último párrafo de la Ley 23.187, sancionada en 1985 cuando se presuponía que existía un “abandono de la profesión” en casos de mora.-

Esa misma ley de colegiación obligatoria, que simultáneamente prevé la protección de la libertad y dignidad de la profesión de abogado como parte de sus finalidades y establece que ninguna de sus disposiciones deben entenderse en un sentido que la menoscabe o restrinja, lo equipara al matriculado a los magistrados en cuanto a la consideración y respeto que se le debe.-

Por otra parte, hoy hace 57 días que el EJERCICIO PROFESIONAL ESTÁ PARALIZADO por la FERIA EXTRAORDINARIA y se encuentra la abogacía categorizada como SERVICIO NO ESENCIAL mientras dure la pandemia del covid-19. Esto incluso ha provocado detenciones de abogados que se trasladan a sus estudios, lo que permite afirmar que de facto vivimos la PROHIBICIÓN DE LA ABOGACÍA y la PRIVACIÓN DE INGRESOS en consecuencia.-

¿Cuál es el cuestionamiento de las suspensiones?

Su oportunidad, conveniencia y mérito. La AUSENCIA DE AVISO PREVIO al matriculado afectado por gravosa sanción, que generalmente NO ABANDONÓ la profesión. La DIFUSIÓN DE SUS DATOS PERSONALES a través del BO, que tan celosamente la ley de Habeas Data ha querido proteger.

La mayoría de las veces, la demora es atribuible a causas como dificultades con los recursos tecnológicos de los abogados nativos el siglo pasado, dificultades financieras, poco trabajo, enfermedad del titular o sus familiares, entre tantos otros motivos atendibles que no se corresponden con el abandono de la profesión.

¿Y qué sucede al colega inhabilitado que ignora dicha sanción?

Sigue trabajando. Si litiga, probablemente cuando necesite comprar un bono profesional, le dirán que no pueden vendérselo, y hasta que no esté rehabilitado por el PAGO TOTAL DE LA DEUDA no podrá ejercer, en medio de una economía inflacionaria y de escasez, generando además efectos colaterales para sus clientes en la tramitación de los juicios. Frente al Poder Judicial estará en infracción todo el tiempo que haya cumplido actos procesales ignorando la perversa sanción aplicada para compelerlo al pago de las cuotas anuales atrasadas. ¿Acaso la omisión de comunicación no es un modo extorsivo? ¿Si no paga, no trabaja?

La defensa urgente del cliente del abogado impide cuestionar el régimen de colegiación obligatoria al cual uno necesita someterse para poder ejercer la abogacía en la Capital Federal. Pero el abogado podría impugnar judicialmente la sanción de suspensión como excesivamente abusiva. O también puede pedir su replanteo al colegio que la aplica.

¿Qué rumbo institucional ha tomado el CPACF que ante la orfandad de sus representados carece de toda empatía y los inhabilita para generar ingresos?

¿Por qué se ha puesto en la vereda de enfrente a los abogados independientes que hacen grandes esfuerzos en su mayoría para sobrellevar la cuarentena sin trabajar?

La agrupación de abogados independientes BLOQUE CONSTITUCIONAL que preside el Dr. Ricardo Mihura Estrada, en fecha 15 de mayo peticionó al CPACF el CESE DE LAS SUSPENSIONES hasta tanto se haya normalizado la situación actual de emergencia, y nuestros colegas hayan podido rehacer su situación:

”.. Es innecesario resaltar las condiciones de extrema emergencia que vive el país, y en particular nuestra profesión, que hace dos meses debe subsistir sin posibilidad alguna de ejercer su actividad ante una Justicia que se ha declarado de feria por la situación sanitaria que es de público y notorio. En este contexto consideramos una afrenta a nuestros colegas la decisión que ha sido tomada en estas circunstancias por el Sr. Presidente, por lo que conminamos a Ud. a dejarla inmediatamente sin efecto. Dése al presente carácter de recurso de reconsideración. A todo evento solicitamos se convoque con urgencia al Consejo Directivo a los efectos de dar debito tratamiento a esta situación extraordinaria y adoptar una solución más acorde con las circunstancias.”

Los abogados estamos conmovidos por la situación general de las instituciones republicanas, siendo testigos de que lejos de activarse en una emergencia le dan la espalda al ciudadano que litiga y al defensor de las libertades garantizadas por la Constitución Nacional, su abogado, que por excelencia es el primer colaborador en la administración de justicia en cualquier estado de derecho.

Repensar estas medidas y los usos del colegio público, nos haría más humanos en primer lugar con nuestros colegas. Tenerlo presente.-

*La autora es abogada tomo 58 Folio 166 CPACF. Delegada de la Asamblea del CPACF 2012/2014/2016.

(1) Resolución del Expte. N° 561.533 Artículo 53 último párrafo ley 23.187 publicado en Boletín Oficial el 14/05/2020.-